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Los informales y el trino fácil

Es una premisa fundamental de la buena medicina que para curar a un paciente es preciso partir de un buen diagnóstico de la enfermedad, que vaya más allá de los síntomas. De la misma manera, para solucionar sosteniblemente los grandes retos sociales que tiene Colombia debemos enfocarnos en lo estructural y evitar quedarnos atrapados en los discursos que se limitan a las manifestaciones más visibles de nuestros problemas.

Son comunes y válidas las múltiples protestas pacíficas, tanto colectivas como individuales, que se presentan frente a dificultades sentidas de los colombianos en torno a temas como la salud, la educación, el desempleo y las pensiones, por mencionar solo los de carácter social más apremiantes.

Nuestro sistema de salud, diseñado para proveer una cobertura universal con base en la solidaridad, ha sido exitoso en ampliar la cobertura cubriendo a la población más vulnerable hasta en enfermedades de alto costo, que hace apenas dos décadas habrían sido una sentencia de muerte. Sin embargo, la cobertura ha crecido más rápido que el despliegue de importantes infraestructuras y que nuestra capacidad de formar profesionales de la salud suficientes para avanzar en calidad con el mismo ritmo.

En materia educativa hemos logrado importantes avances en cobertura. No obstante, esto ha sucedido de manera desigual entre el campo y las ciudades en aspecto de escolaridad, con 5 y 10 años, respectivamente. Además, la calidad educativa, en particular la pertinencia de los conocimientos y habilidades para la inserción laboral, son deficientes para nuestras necesidades actuales. Esto se refleja en altas tasas de desempleo juvenil y salarios bajos.

En lo pensional, la cobertura no ha alcanzado los niveles casi universales de la salud y la educación primaria y secundaria. Lo que es peor, son los colombianos de menores ingresos, sin activos, quienes encuentran más esquiva la posibilidad de una jubilación.

Estos son los síntomas de nuestros retos, producto de un país que ha crecido mucho. En comparación con 1900, hoy somos 20 veces más numerosos, vivimos el doble de años y nos hemos urbanizado (más del 75 por ciento vivimos en ciudades). Detrás de ellos encontramos un patrón común: la informalidad laboral de la mitad de los trabajadores colombianos (en el campo alcanza el 80 por ciento).

Esta es la razón por la cual los sistemas de salud, educativo y pensional sufren de una carencia crónica de recursos. Solo la mitad de la población aporta a la salud, lo cual genera un desbalance que ya supera los 8 billones de pesos. El sistema educativo no logra adaptarse a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada. Solo uno de cada tres trabajadores está asegurándose una vejez digna.

Hay quienes buscan distraernos con los pañitos de agua tibia que prometen, a punta de trino fácil, las soluciones populistas del “todo gratis”. Nuestras dolencias requieren de un tratamiento profesional, no de un curandero. Primero, tenemos que adelgazar el Estado para liberar los recursos de gastos innecesarios y dirigirlos a cubrir los faltantes actuales en el sistema de salud. Segundo, necesitamos activar la inversión y atraer capitales con impuestos sensatos, y con estabilidad jurídica y tributaria, de manera que nuestra economía se adapte a las nuevas tecnologías. Tercero, simplificación regulatoria y tributaria para que crear y crecer empresas sea de nuevo posible. 

Solo así se crearán los millones de empleos formales que harán viable económica y socialmente la salud, la educación y las pensiones que necesitamos los colombianos.

IVÁN DUQUE
Candidato presidencial

 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/ivan-duque/los-informales-y-el-trino-facil-181520

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Iván Duque Candidato Presidencial

Respuesta a Iván Duque

Muy apreciado candidato:

La victoria del ‘No’, proceso político en el que fuimos voceros del Centro Democrático, conjuntamente con Óscar Iván Zuluaga, dio lugar al nacimiento de una realidad inocultable. A pesar de los pronósticos, todos ellos favorables al triunfo del ‘Sí’, y de la cantidad de recursos que se dedicaron a fabricar una verdad de opinión inexistente, tal como lo dictaminó el veredicto popular, los electores se expresaron, mayoritariamente, contra el acuerdo Santos-‘Timochenko’.

Sin embargo, el Gobierno, en lugar de reconocer semejante dictamen del pueblo, se dedicó a la tarea de imponer, acudiendo a variadas argucias constitucionales y legales, aquello que el constituyente primario derrotó en las urnas. Calculó mal el presidente, y le hizo un inmenso daño a la nación. Supuso que con magia jurídica lograría convertir en realidad, ampliamente aceptada, lo que ya había sido rechazado por los votantes. Eso creyó. ¡Pues, se equivocó, y de qué manera!

Es tan fuerte el malestar de millones de colombianos, amantes de la paz, con puntos de lo acordado, por cuanto representan claudicaciones inaceptables, que dicho sentimiento se convirtió en la razón de ser de una oposición política propositiva y creciente. El lugar de encuentro de esas visiones será la alianza para reconstruir a Colombia. Por tal razón, y teniendo en cuenta la heterogeneidad de las fuerzas, protagonistas y ciudadanos que harán parte de ese gran movimiento, cuyo carácter incluyente es indispensable para garantizar el triunfo, resulta necesario un acuerdo básico sobre el programa que se le presentará a la ciudadanía.

Hace bien, pues, usted en proponerlo, cuando plantea la creación de una mesa paralela a fin de construir un “pacto por Colombia”. Todo parte, desde luego, de las coincidencias que se tuvieron durante la campaña del plebiscito. Pero, las urgencias de la nación requieren claridad acerca de las posiciones de la alianza sobre muchos otros temas que son de interés para los colombianos.Se trata de ganar, gracias al mandato inobjetable de una mayoría contundente.Esa propuesta programática es la que deberá explicar y defender el candidato de la mencionada alianza.

Y para que lo haga con inmensa legitimidad, el procedimiento mediante el cual se escoja debe ser fruto del consenso, por supuesto, pero, además, democrático y participativo.Estas consideraciones se hacen sobre la base de que el mejor mecanismo es el que se acuerde, claro está.Sin embargo, uno de sus efectos tiene que ser el de conseguir que quien logre la nominación emerja con mayor fuerza política. En este orden de ideas, lo mejor sería una consulta democrática amplia. Al final, no obstante, deberá prevalecer el consenso.

Entendimiento pleno, entonces, primero, sobre lo que da origen a la alianza, es decir, las coincidencias en el plebiscito; segundo, acerca del programa en su integridad, y, tercero, con respecto a lo mecánico, en el entendido de que los dos últimos puntos deben edificarse de manera paralela. 

El anterior sería un buen camino, pues creo, como usted, que los colombianos están pendientes de las soluciones a sus problemas.Poco les importa, a decir verdad, aquello de la cosa política.

Saludo cordial.

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El momento del cambio

Seguir el camino de la asfixia tributaria es estancarnos en el pasado y perpetuar la informalidad.

Colombia necesita un modelo integral de desarrollo empresarial, porque vamos por mal camino. La tasa efectiva de tributación supera el 50 % y hay sectores y tipos de empresas en las que la asfixia tributaria puede superar el 80 %. Al iniciar su vida empresarial, una promisoria emprendedora ya tiene en el Estado un antipático socio mayoritario. Claramente, nuestro sistema tributario no estimula el ahorro, la inversión, la productividad ni la formalización laboral.

En los últimos 15 años, y desde decenas de entidades, se han emitido más de 17.000 decretos, 2.000 circulares y 68.000 resoluciones, creando un ambiente de incertidumbre que vulnera la capacidad de invertir a mediano y largo plazo. Además, existen múltiples ventanillas, que van desde la Dian, la UGPP, el Invima, el ICA, las superintendencias, autoridades locales, agencias ambientales, etc., que elevan innecesariamente los costos de transacción. 

Esto tiene graves efectos sobre la informalidad. Según la estupenda encuesta que hace anualmente el Dane a los micronegocios, y estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerca del 43 % de las empresas en Colombia no tienen registro mercantil o no llevan contabilidad técnica. Quienes trabajan en ellas son informales, y 5 de cada 10 personas “ocupadas” tienen un empleo informal que los condena a actividades de baja productividad y los aleja del sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales. 

Tenemos que tomar acciones que nos conduzcan a un modelo que estimule la inversión, la productividad y la formalización. Para eso hay que adelantar una agenda que integre medidas fiscales y estímulo empresarial. Necesitamos una urgente revisión del gasto público para eliminar todo lo innecesario en el presupuesto de funcionamiento, como excesos en publicidad y eventos, expansiones de nómina estatal con pretextos dudosos y riesgos de corrupción o acelerados crecimientos de la planta de contratistas en muchas entidades.

Es necesaria una reforma creíble del gasto público a mediano y largo plazo. Proponemos una regla que limite su crecimiento anual, amparada en reformas que le devuelvan al presupuesto flexibilidad y orden. El país ya tiene experiencia en este frente con el Sistema General de Participaciones.

Las Agencias de Responsabilidad Vertical, que han proliferado en los últimos 7 años, pueden perfectamente redefinirse. Necesitamos un programa de ahorros estructurales sobre la base de mayor eficiencia tecnológica y mayor asignación de responsabilidades a entes territoriales, bajo el esquema de hacer más con menos. 

Debemos reducir la evasión de renta y de IVA como mínimo en un 50 % para el año 2022 con metas anuales del 12,5 % por año, apelando a la factura electrónica y a un monitoreo detallado que permita generar ingresos con los cuales se pueda, con responsabilidad fiscal, bajar impuestos de renta a las empresas, brindando tarifas competitivas y mejorando el recaudo y los ingresos de los trabajadores producto de la reactivación económica. 

También debemos crear una Ventanilla Única de Comercio y Emprendimiento para eliminar trámites y consolidar la información en una plataforma digital para facilitar la vida de quienes generan empleo. 

Colombia requiere una reducción del costo país, una mayor diversificación de la oferta exportable, mayor dinamismo a los mercados de capital y una inserción de la producción industrial en las cadenas globales del valor. Este cambio es posible y necesario para una economía dinámica y diversa que genere empleos de calidad. 

Seguir por el camino de la asfixia tributaria es estancarnos en el pasado y perpetuar el círculo vicioso de la informalidad. Ha llegado el momento de pasar la página y de pensar en el futuro.

IVÁN DUQUE
Candidato presidencial del Centro Democrático

 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/ivan-duque/el-momento-del-cambio-es-ahora-168604

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El futuro

Mi mayor deseo es representar a una nueva generación, defender unos principios y unos valores que creo firmemente son los que necesita Colombia.

Después de 15 años de escribir en las páginas editoriales de Portafolio, hoy tengo que despedirme con nostalgia de este diario que me ha acogido, que ha sido como mi casa y me ha permitido expresar libremente mis opiniones.

Portafolio es un diario independiente, que fomenta el debate de ideas, que profundiza la información y que ha sido una herramienta de análisis seria y de impulso al emprendimiento que tanto necesita Colombia.

En esta columna de despedida tengo que decir que nunca me he guardado una opinión. Mi pensamiento está contenido en los 15 años que llevo escribiendo esta columna, incluso he publicado libros como Efecto Naranja de editorial Planeta que ha re-condensado muchas de esas columnas, muchas de esas ideas que tenemos para el país. Me despido de este espacio, no sin antes agradecer a Ricardo Ávila y a Rosa María Cárdenas, al igual que a Silverio Gómez y a Mauricio Rodríguez.

Me voy porque he sido elegido candidato a la Presidencia de la República por el Centro Democrático y porque mi mayor deseo es representar a una nueva generación, defender unos principios y unos valores que creo firmemente son los que necesita Colombia.

Yo hago parte del 73 por ciento de los colombianos menores de 45 años que, como todos los ciudadanos, queremos un país distinto, basado en principios de legalidad, emprendimiento y equidad. Me despido para asumir el gran compromiso de pasar las páginas de la impunidad, de la violencia, del populismo; para construir un país que pase las páginas del derroche y de la asfixia tributaria. Para trabajar por un país donde la educación sea un agente de movilidad social y donde el servicio de salud de calidad sea una realidad para todos. 

Para cumplir esos grandes retos necesitamos hacer del empresario, del emprendedor y del comerciante, un socio para el progreso. Necesitamos que el Estado deje de verlos con desconfianza, con sospecha, o como una simple fuente de ingresos tributarios. Tenemos que entender que el triunfo del empresario es el triunfo de Colombia.

En estas páginas he explicado nuestra propuesta para la recuperación económica. He dicho que hay que eliminar el derroche del Gobierno, que hay que trabajar por la formalización laboral, por hacer una gran reforma a la administración pública, por fortalecer la fiscalización para reducir la evasión. Tenemos que tomar medidas urgentes y brindar estabilidad jurídica de largo plazo a la inversión, racionalizar el régimen de exenciones y promover las que se traduzcan en mayor inversión y generación de empleo.
Necesitamos diversificar la oferta exportable de Colombia, fortalecer la industria del país e insertarla en las cadenas globales de valor. Debemos incentivar el emprendimiento y particularmente el asociado con servicios ciencia y tecnología, industrias creativas, Big Data, el internet de las cosas, biotecnología, y fomentar el desarrollo agroindustrial de la mano con pequeños productores para la seguridad alimentaria nacional y la exportación.
Estas medidas nos permitirán bajar impuestos, mejorar el salario de los trabajadores y tener un país emprendedor.

Ese es el país del futuro, ese es el país por el que vamos a trabajar en el 2018.

http://www.portafolio.co/opinion/ivan-duque-marquez/el-futuro-512793

 

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Undoing Business…

Solo con una agenda de recuperación económica integral es posible que la Colombia del 2018 consiga contener la caída de la economía y logre pensar en una reactivación.

Esta semana la calificadora de riesgo Standard & Poor’s bajó la calificación crediticia de Colombia de BBB a BBB-, y el Banco Mundial y su índice Doing Business ya nos había ubicado en el puesto 59, cayendo seis posiciones en el último año del comparativo global entre 190 estados cerrando el año con dos amargas noticias económicas.

El resultado no podía ser otro para un gobierno que le apostó todo a una agenda jalonada por unas locomotoras que nunca vimos arrancar, y que aumentó los gastos permanentes basado en una bonanza transitoria, en una sucesiva toma de decisiones equivocadas que nos llevaron a terminar este año con uno de los peores crecimientos económicos de la última década. 

Temas como la inseguridad jurídica, el incumplimiento de contratos, el cambio de condiciones y la alta carga tributaria contribuyeron a la obtención de los malos resultados, los cuales advertimos hace rato desde el Congreso de la República en debates de control político, y sobre los cuales los analistas y centros de pensamiento ya habían emitido varias alertas.

De los indicadores analizados por Doing Business debemos reseñar, con preocupación, el deshonroso puesto 177 que tenemos en materia de incumplimiento contractual, lo que no solo da cuenta de la tortuosa maraña en la que se ha convertido la contratación pública en el país, sino también de la rampante corrupción, la ausencia de transparencia en la contratación privada, y la creciente mora judicial y el cambio de condiciones que conspiran contra nuestro clima de negocios.

Por si fuera poco, la exagerada cantidad de consultas previas, el peregrinaje burocrático de ventanilla en ventanilla y de entidad en entidad, y el apetito insaciable de este gobierno por crearle una agencia o alto consejero a cada problema, ha derivado en un entramado incomprensible e inmanejable, que hace que nuestro sistema sea de hiperinflación normativa y de requisitos innecesarios y desgastantes.

Lo más grave es que difícilmente podremos obtener mejores resultados mientras sigamos con discursos anacrónicos de producción versus importaciones. De no conciliar una agenda medio ambiental con la producción minera. De entrabar las carreteras y la infraestructura con consultas, y de convertirlo todo en una agenda política inmediatista. 
Con cinismo y arrogancia, el Ministro de Hacienda y el Presidente señalaban que la confianza inversionista se mantiene y que Colombia ha manejado su política económica de manera ordenada, nada más alejado de la verdad; tal parece que han leído otros reportes económicos, pues la realidad es muy diferente de aquella que nos quieren hacer ver con su desbordado optimismo, o su aparato mediático y de publicad estatal.

Ya lo habíamos advertido, la reforma tributaria de Santos no iba a ser la solución para frenar una caída de la calificación, ni mucho menos el antídoto para detener una caída de la economía. Al contrario, lo único que hizo fue socavar la clase media, afectar su capacidad de consumo, afectar al empresariado, estimular el contrabando y, en general, empeorar el panorama económico colombiano.

Seguir diciendo mentiras o comparándonos con economías destruidas como la venezolana no puede ser nuestro consuelo, el país debe enfrentar la realidad y tomar medidas urgentes.

¿Cuáles medidas debemos tomar? Lo hemos dicho muchas veces: Colombia necesita una reactivación económica que empieza por: i) eliminar el derroche y los gastos innecesarios del gobierno central; ii) reformar la administración pública; iii) fortalecer la fiscalización para reducir evasión de renta y de IVA, mínimo en 50 por ciento en los próximos tres años; iv) bajar impuestos a las empresas; v) brindar estabilidad jurídica de largo plazo a la inversión; vi) racionalizar el régimen de exenciones y promover las que se traduzcan en mayor inversión y generación de empleos; vii) diversificar la oferta exportable de Colombia; viii) fortalecer la industria del país e insertarla en las cadenas globales de valor; ix) fomentar el emprendimiento y particularmente el asociado con servicios ciencia y tecnología industrias creativas, biotecnología y agroindustria, y X) fomentar también el desarrollo agroindustrial de la mano con pequeños productores para la seguridad alimentaria nacional y para la exportación. 

Solo con una agenda de recuperación económica integral como esta es posible que la Colombia del 2018 consiga contener esta caída de la economía y logre pensar en una reactivación que pasa por la generación de empleo formal, formalización laboral y por una política de gasto público mejor focalizada que supere el síndrome de este gobierno derrochón. 

Esa Colombia sí es posible, pero exige un cambio. No podemos seguir esperando algo distinto si seguimos repitiendo los errores del pasado.

http://www.portafolio.co/opinion/ivan-duque-marquez/undoing-business-analisis-512599

 

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Más acuerdos, menos paz

Colombia ya está pagando las consecuencias de un muy mal acuerdo con las Farc, exabrupto que no se puede repetir.

Lo peor que le puede pasar a Colombia es repetir con el Eln los errores cometidos con las Farc. Esta semana, mientras el presidente Santos sigue en su tarea de cumplir a toda costa con las pretensiones de impunidad de las Farc, se conoció la segunda masacre de civiles en menos de tres meses en el departamento de Nariño. Trece personas fueron asesinadas en el municipio Magüí Payán, a lo que la Defensoría del Pueblo llamó una masacre atribuida al Eln. Entre las víctimas hay varios líderes y una mujer embarazada. A estas muertes se suma el asesinato de seis líderes campesinos en Tumaco, el pasado 5 de octubre, en hechos que aún no han sido esclarecidos en su totalidad por las autoridades.

En medio de estos asesinatos, renunció la cabeza del equipo oficial de negociación con el Eln, Juan Camilo Restrepo, y ayer dimitió el general en retiro Eduardo Herrera, también parte importante del equipo, dando un pésimo mensaje sobre el estado de las negociaciones con este grupo guerrillero.

¿Puede continuar una mesa de negociación con un grupo que sigue cometiendo masacres, asesinatos, secuestros y todo tipo de fechorías? ¿Estamos dispuestos los colombianos a seguir entregando la institucionalidad a cambio de sometimientos parciales que dejan supuestas disidencias y más violencia e impunidad? 

No podemos olvidar que el Eln no quiere menos de lo que ya se les dio a sus hermanos mayores de las Farc, quienes están ad portas de llegar al Congreso sin haber reparado a las víctimas, sin haber cumplido sus penas y sin haberle dicho toda la verdad al país, mientras el gobierno sigue en la búsqueda de mecanismos hechizos para cumplir sus pretensiones de impunidad. Entre tanto, sus disidencias azotan varias zonas de Colombia y vemos cada vez más lejos la tan anhelada paz.

Lo peor que se pudo haber hecho con las Farc, error que no se puede volver a cometer con el Eln, fue haber negociado mientras estos criminales seguían cometiendo acciones terroristas. No olvidemos a los militares asesinados en el Cauca, los ecocidios que cometieron en el país mientras ellos paseaban en Catamarán en Cuba. Hoy, no podemos aceptar que las personas que están cometiendo actos criminales, sigan en una mesa de negociación tratando de sobornar al gobierno.

Si el Eln se quiere desmovilizar, desarmar y reinsertar, se tiene que concentrar y suspender todas las actividades criminales, con monitoreo internacional. La justicia transicional puede concederse, pero con una reducción sustancial de la pena y no la ausencia de pena efectiva y privativa de la libertad, y en condiciones claras de verdad, justicia y reparación.

Colombia ya está pagando las consecuencias de un muy mal acuerdo con las Farc, exabrupto que no se puede repetir, pues ha afectado la estabilidad institucional y está amenazando de manera estructural la seguridad nacional. 

No podemos hablar de ‘paz’ y, al mismo tiempo, seguir premiando al delincuente; las instituciones no se pueden seguir arrodillando o tendremos más acuerdos y menos paz. Los colombianos ya estamos cansados y queremos pasar, definitivamente, la página de la impunidad. Queremos un país donde triunfe la legalidad, se impulse el emprendimiento y se generen condiciones de equidad.

http://www.portafolio.co/opinion/ivan-duque-marquez/mas-acuerdos-menos-paz-512366

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Gratitud y despedida

Hoy me despido de estas páginas, agradeciendo a los lectores, directivos y periodistas, para asumir este gran reto. Quiero trabajar intensamente para ser un presidente que una a los colombianos en una agenda de futuro. Por: Iván Duque Márquez, El Colombiano, diciembre 17 de 2017.

Hace nueve meses tuve el honor de ser invitado a participar en las páginas editoriales de El Colombiano como columnista. Ese honor significa mucho para mí, ya que mi padre, Iván Duque Escobar, estuvo por más de dos décadas compartiendo sus ideas y opiniones con los lectores de este diario. Llegar a estas páginas y poder compartir la forma en la que veo a Colombia y en la que creo juntos podemos construirla ha sido una experiencia inigualable.

Los colombianos tenemos que mirar al futuro, superar debates anacrónicos innecesarios y concebir un país donde la legalidad sea la base del progreso. La legalidad es el matrimonio de la justicia y la seguridad y demanda superar la relativización de las normas y entender que ante cualquier forma de criminalidad debemos decir: el que la hace, la paga. Solo una sociedad donde los criminales sienten temor por la justicia construye el imperio de la ley. En función de ella debemos combatir la corrupción, sacar a los jíbaros de las calles y modificar las cosas de los acuerdos entre Santos y las Farc que ponen en riesgo la seguridad nacional. También debemos retomar las clases de cívica y urbanidad en los colegios para que, más que una prueba pisa, tengamos ciudadanos vacunados desde el alma ante cualquier tentación de lo ilegal.

Con la legalidad viene el emprendimiento. Colombia necesita recuperar su economía y ayudar al micro, pequeño, mediano y gran empresario a prosperar. Necesita  adelantar trasformación productiva en el campo y las ciudades. Insertarse en cadenas de valor y distinguirse en el mundo por marca y diseño. Necesitamos un país joven y emprendedor para situarnos en el futuro con biotecnología, nano tecnología, economía naranja, internet de las cosas e inteligencia artificial. Este país es posible, pero necesitamos un Estado austero, eficiente, capaz de hacer más con menos, que elimine gastos innecesarios, reduzca la evasión y baje impuestos para que surja la inversión, mejoren los ingresos de los trabajadores y haya nueva contratación de personal.

Colombia necesita también una agenda de equidad que en materia de salud se concentre en la prevención, la calidad y rapidez en la atención, y por saber castigar el abuso de las EPS. Que garantice la nutrición, amplíe la cobertura preescolar y que haga realidad la jornada única educativa. Que tenga doble titulación y que amplíe el acceso a la universidad pública a través de instrumentos presenciales y digitales.

Esa Colombia de legalidad, emprendimiento y equidad es la que añoramos el 73% de los colombianos que somos menores de 45 años. Hace pocos días, como el primero de esta generación, tuve el honor más grande de mi vida al ser elegido como candidato a la Presidencia por el partido Centro Democrático, el partido de la esperanza, el del legado del presidente Álvaro Uribe. Hoy me despido de estas páginas, agradeciendo a los lectores, directivos y periodistas, para asumir este gran reto. Quiero trabajar intensamente para ser un presidente que una a los colombianos en una agenda de futuro que nos permita pasar las paginas de la impunidad, de la violencia y derroche, y construir una sociedad donde el talento, la pujanza, la solidaridad y el amor por el prójimo nos conduzca a ser un país mejor.

No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós.

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El palo en la rueda

Esta demanda es el génesis de la limitación del fast track y uno de los instrumentos por medio del cual se lograron introducir cambios importantes en la implementación de los acuerdos de La Habana. Por: Iván Duque Márquez, El Colombiano, diciembre 10 de 2017.

La Corte Constitucional declaró esta semana improcedentes las nulidades que se presentaron en contra de la sentencia que modificó las reglas de juego del Fast Track. Es decir, dejó en firme el falló que había proferido en mayo en el que tumbó dos de sus literales del artículo primero. El literal ‘h’, que establecía que los proyectos solo podrían tener modificaciones con el aval previo del gobierno; y el ‘j’, que permitía que las leyes se votaran en bloque y no artículo por artículo, como pretendían el gobierno y las FARC.

Si bien el fast track terminó el pasado 30 de noviembre, en esta época de reflexión vale la pena dejar en claro que este fallo solidifica la sentencia y ratifica la demanda que interpusimos en agosto de 2016 contra el acto legislativo para la paz. Esta demanda es el génesis de la limitación del fast track y uno de los instrumentos por medio del cual se lograron introducir cambios importantes en la implementación de los acuerdos de La Habana.

En el texto final de la Justicia Especial para la Paz, por ejemplo, se logró incluir un nuevo régimen de inhabilidades para los magistrados del Tribunal de Paz, impidiendo que se posesionen en estos cargos a quienes hayan litigado casos de derechos humanos contra el Estado o haya hecho parte de estas organización. Se estableció que los delitos de violencia sexual a menores no tienen ninguna relación con el conflicto armado y por tanto no podían ser susceptibles de los beneficios de la JEP. Y se estableció que  a los excombatientes de las FARC a quienes se les compruebe su responsabilidad en delitos cometidos después del primero de diciembre de 2016 se les quitarán todos los beneficios. Por la vía de la Corte Constitucional se imprimieron otros cambios como  el hecho de excluir a los civiles de la obligatoriedad de pasar por la JEP y el levantamiento de las restricciones a la tutela.

En muchos otros proyectos presentados vía fast track también hubo posibilidad de discusión y de hacer modificaciones y en otros casos hasta la posibilidad de que se hundieran proyectos completos, como el caso de las jurisdicciones especiales de paz, que ahora el gobierno intenta revivir con mecanismos hechizos.

En general, con esta demanda —que redactamos, presentamos y defendimos, y que la Corte acaba de dejar en firme— logramos algunos triunfos para la democracia.

Claro que hay muchos cambios de fondo que faltan por hacer a los Acuerdos, por mencionar algunos: El narcotráfico no debe ser un delito amnistiable; la erradicación y la sustitución de cultivos ilícitos deben ser obligatorias. Las Fuerzas Militares no deben ser homologadas frente la justica con grupos ilegales. Los responsables de crímenes de lesa humanidad no pueden llegar al Congreso sin haber dicho toda la verdad, reparado a las victimas y sin haber cumplido penas proporcionales.

El fast track fue un instrumento perverso, porque fue rechazado el dos del octubre de 2016 por los ciudadanos en las urnas y porque permitió que las FARC terminaran manoseando nuestra Constitución y nuestras leyes. No obstante, la demanda que quedó en firme esta semana, fue un triunfo para la legalidad y la separación de poderes, pues permitió que el Congreso dejara de ser un simple notario de un acuerdo espurio lleno de pretensiones de impunidad.

 

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El conejo continúa

 En un acto inusual, irrespetuoso y  desafiante el Ministro del Interior salió a desautorizar al Congreso y más tarde el presidente anunció que el Acto Legislativo había sido aprobado. Las circunscripciones especiales fueron rechazadas por las mayorías en el Congreso pero el gobierno, con una interpretación errada, intenta pasar otra vez por encima de la voluntad popular. Por: Iván Duque Márquez, El Colombiano, diciembre 3 de 2017.

 

Una vez más el gobierno intenta burlarse de los colombianos y sus instituciones. Una vez más lo hace presionado por las Farc y tratando de pasar por encima del poder legislativo. Esta vez pasó por alto la separación de poderes y desconoció la autoridad del secretario general del Senado, en una actitud monárquica de querer, como ya es su costumbre, desconocer otros poderes públicos para favorecer a las Farc.

El acto legislativo que creaba las 16 circunscripciones especiales (16 curules para zonas de dominio de las Farc) no logró los requisitos necesarios de ley para ser aprobado el jueves, en el último día de la vigencia del fast track y, por ello, la Secretaría General del Senado así lo dejó formalmente expresado.

En un acto inusual, irrespetuoso y  desafiante el Ministro del Interior salió a desautorizar al Congreso y más tarde el presidente anunció que el Acto Legislativo había sido aprobado. Las circunscripciones especiales fueron rechazadas por las mayorías en el Congreso pero el gobierno, con una interpretación errada, intenta pasar otra vez por encima de la voluntad popular. Es clarísimo que tratándose de actos legislativos se requieren 52 votos favorables para su aprobación, pero además hay que señalar que en la votación del pasado martes ya se había hundido el proyecto con 38 votos a favor y 16 en contra y la Corte Constitucional ha sido clara en que cuando esto sucede se entiende negado el proyecto y no se permite repetir la votación.

Pero más allá del debate jurídico que quiere dar el gobierno, llama la atención que el Ministro desautorice al Secretario del Senado por los medios en un acto que demuestra el poco respeto que tiene por las decisiones del legislativo. El secretario no solo es el notario de las decisiones sino que es quien las certifica y merece todo el respeto del ejecutivo.

No lo reconoció así el gobierno que parece dispuesto a hacer lo que sea para cumplirles a las Farc. Las circunscripciones especiales, que según el gobierno son para campesinos y para víctimas del conflicto, son un mecanismo de manipulación de las circunscripciones electorales para favorecer a las Farc, algo que se conoce técnicamente como Gerrymandering, que no es más que la manipulación de las circunscripciones para mejorar o empeorar los resultados electorales de un determinado partido. Estas circunscripciones se sumarían a las 10 curules que ya les otorgaron a dedo para las cuales no tendrán que sacar un solo voto.  

Esta es una agresión a la separación de poderes igual a la que se dio cuando el gobierno le dio súperpoderes al ejecutivo sobre el legislativo en el Acto Legislativo para “la paz”, el cual demandamos y que corrigió la Corte poniéndole limitaciones al fast track.

Hoy estamos ante nuevos conejos, similares al primero cuando desconocieron la voluntad popular expresada el 2 de octubre de 2016 en el que las mayorías dijeron no al acuerdo con las Farc. 

Ese mandato del ‘No’ fue desconocido por el gobierno que, no solo no hizo ninguna modificación de fondo, sino que se valió de argucias y presiones a las cortes para que las mayorías parlamentarias fueran las que refrendaran el acuerdo. Ahora con su misma habilidad para desconocer la ley y la voluntad popular quiere cometer un nuevo abuso para asegurarles más curules a las Farc.

 

 

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Colombia piensa digital

El país enfrenta el gran reto de profundizar su sector de las TIC. 

Colombia enfrenta el gran desafío de profundizar su sector de tecnología y comunicaciones. Hacerlo requiere de una agenda ambiciosa en materia de reformas, calidad de las políticas públicas y promoción estructural del sector privado, en un ambiente de mejor regulación.

El avance de este sector será vital para que la educación, las industrias creativas y la provisión de servicios sean cada vez más eficientes y, al mismo tiempo, beneficie a un mayor número de colombianos. ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos para que el sector incida positivamente en los próximos años en la productividad de nuestra economía, aumente la inversión y permita que nos integremos como país a más cadenas de valor?

Para empezar, debemos entender que los principios que deben guiar al sector deben cimentarse en un minimalismo regulatorio, mayor convergencia, descentralización institucional y la masificación del acceso a la tecnología. 

En lo institucional es necesario que la política de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sea proinversión, procobertura y proexpansión de la banda ancha. 

La regulación debe facilitar la transformación digital y adquirir una connotación transversal, convergente y transparente, además de independiente, así como lo han logrado países como Estados Unidos, México o Argentina.

En materia de competitividad, tenemos que hacer una mayor digitalización del acceso a servicios sociales, como historias clínicas electrónicas, enrolamiento a colegios y, en general, todos los sistemas de registros administrativos públicos y privados.

Debemos construir una llave entre la industria, la academia y el Gobierno para cerrar las brechas de talento existentes en tecnología de información y comunicaciones, sectores en los que el desempleo es cercano a cero. 

Esto nos obliga a que ampliemos la formación de ingenieros y tecnólogos vinculados a las cadenas productivas del sector y a desarrollar iniciativas que articulen programadores con necesidades comunitarias, autoridades locales y recursos público-privados para la transformación digital de la sociedad.

También debemos diversificar las exportaciones y entender que, por lo menos en el sector financiero, necesitamos profundizar fintech, que puede mejorar estructuralmente la eficiencia del sector financiero. 

En cuanto a infraestructura, hay que desplegar más redes convergentes (acueductos, vías, energía, banda ancha) y optimizar la fibra óptica, facilitar la expansión de las redes y el aprovechamiento integral del espectro electromagnético. Debemos ampliar la tecnología con internet móvil, que conecte al menos al 70 por ciento de los colombianos, con cobertura total del territorio en 4G y la adopción temprana con rápida expansión de 5G.

Por supuesto, se requiere que la seguridad integral de la red vaya acompañada de la protección de infraestructura crítica y de los usuarios, y de tener una más rápida activación de los sistemas de respuesta, así como una estrategia integral de lucha contra la piratería informática y el cibercrimen.

En cuanto al espectro, se necesita una asignación urgente de la banda de 700 Mhz, clave para la cobertura rural y la inclusión digital de las regiones más apartadas. Del mismo modo, los usos convergentes del espectro y activación de mercados secundarios para un uso más eficiente y la adopción temprana de lo que serán las coberturas de 5G y el internet de las cosas. 

En adopción digital hay que mejorar el acceso a dispositivos de mayor capacidad y mejor conectividad, con políticas que permitan hacer más asequible la tecnología, sumado esto a una agenda de identidad digital del usuario y protección efectiva de datos.

La inteligencia empresarial debe contemplar la transformación digital de las empresas, donde tengamos backoffice digital, adopción de blockchain y big data. 

También es necesario trabajar para que el Estado sea más digital y permita que todos los ciudadanos puedan acceder a bienes y servicios desde plataformas tecnológicas institucionales.

Esta agenda acompañada de un mejor uso del big data, de datos abiertos e inteligencia artificial para crear un sistema de seguimiento a las políticas públicas, será provechoso para el país. El aprovechamiento de todas las tecnologías digitales son la base para que el país pueda cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrando las plataformas de los gobiernos locales con el Gobierno Nacional e incidiendo en un Estado con mayor capacidad para hacerle seguimiento a sus propias decisiones de política pública.

Un sector de comunicaciones volcado a esta estrategia está pensando en país para el futuro. Los estudios rigurosos que ha venido haciendo la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), nos inspiran a que esta agenda se convierta en una política de Estado, que cada día beneficie más a todos los colombianos.

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Quién responde

No nos engañemos, el fracaso de la reincorporación es el fracaso rotundo de los acuerdos FARC-Santos y la evidencia de que el propósito de la negociación era la impunidad de los cabecillas y no la genuina y efectiva desarticulación de una organización criminal. Por: Iván Duque Marquez, El Colombiano, 26 de noviembre de 2017.

La semana pasada el jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, responsable de la verificación del cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno Santos y las FARC, denuncio que el 55% de los exguerrilleros que estaban en las zonas de reincorporación a la vida civil, las abandonaron.

Este hecho, además de ser escandaloso, es preocupante, principalmente porque se estaría abriendo el camino para una gran burla al pueblo colombiano, cuando el Gobierno, las FARC y la ONU, no han hecho nada mas que exaltar las bondades del “acuerdo del Teatro Colón”.

Entre las razones que expresó el alto funcionario del ente multilateral, sobresalió que existe en la base guerrillera una gran perdida de confianza, derivada del incumplimiento de lo pactado. Más grave aun, afirmo que las personas salían de regreso con sus familias o a vincularse a las disidencias, es decir, regresaron sin rubor alguno a sus antiguas operaciones narco terroristas, retomando las armas y entrando de vuelta a la clandestinidad.

Entonces ante la gravedad de los hechos el gobierno no puede permanecer en silencio ni mucho menos tratando de minimizar la gravedad de lo ocurrido. La autoridades deben decirle al país sin reparos cuántos de los mas de 3.500 miembros de las FARC que abandonaron las zonas volvieron a las armas. La misma misión de la ONU ha indicado que solo en el bloque oriental hay cerca de 1.100 personas en grupos disidentes, es decir mas del 40 por ciento del total de integrantes de ese peligroso bloque criminal.

Ante toda esta situación el gobierno también esta en el deber de decirle al país cuántas amnistías han sido revocadas por cuenta de la reincidencia y por cuenta de haberse incorporado a las disidencias de las FARC. Sería inexplicable que ante la denuncia de la ONU tuviéramos el reciclaje terrorista sin saber con precisión, cuáles son los miembros de las FARC que se burlaron de las instituciones.

Otro de los interrogantes que surgen de la vergonzosa denuncia tiene que ver con los beneficios de los reincidentes. Nos dirá el gobierno a cuántas personas se les suspendió el pago mensual que reciben por desmovilizarse, o por el contrario siguen pagando a todos los miembros “desmovilizados” sin saber cuántos han regresado a las armas.

No nos engañemos, el fracaso de la reincorporación es el fracaso rotundo de los acuerdos FARC-Santos y la evidencia de que el propósito de la negociación era la impunidad de los cabecillas y no la genuina y efectiva desarticulación de una organización criminal. Los hechos muestran que poco se sabe sobre la totalidad de los niños reclutados, sus redes de narcotráfico, y el paradero de centenares de secuestrados que deben estar en fosas comunes.

Mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo y los cabecillas de las FARC logran participar en política sin cumplir sus penas, el gobierno celebra un año de los acuerdos del Colón. Ojalá antes de tanto jolgorio el presidente que premió a las FARC le diga al país dónde está el 55 por ciento de los “desmovilizados”.

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El modelo económico y social de Colombia necesita una profunda reinvención.

El modelo económico y social de Colombia necesita una profunda reinvención. Y Duque tiene las ideas más próximas a ese objetivo que, sin duda, se require con urgencia.

 

Colombia es un país joven: el 66 por ciento de su población es menor de 44 años, que, en términos absolutos, da 32 millones, de un total de 49 millones, y más de la mitad (54 por ciento), 26 millones, está entre 15 y 44 años. De una manera u otra, a todos se les puede considerar la generación moderna. La X, nacidos con el fin de la llamada Guerra Fría, reflexivos y lentos; los Millenials, nacidos en la era de la globalización y el internet, que toman decisiones inmediatas, y la Generación Z, los más jóvenes.

Después de un buen tiempo de cuestionar y criticar la herencia de los mayores, en algunas partes del mundo han decidido tomar con seriedad el rumbo de su destino: en Francia, se acaba de elegir a un presidente con 40 años, en Canadá hay un primer ministro de 45 años, y el mandatario de Austria tiene 35 años. Todavía falta mucho, pero hace unas décadas era imposible concebir un relevo de ese orden en cualquiera de esos países, alegando algo que no tiene mucho sentido: “experiencia en los asuntos de Estado”, que aunque resulte cierto, quienes cuentan con ella, tampoco es que tengan mucho para mostrar.

Y no es descabellado creer que Colombia podría estar a las puertas de un fenómeno de ese tipo: un símbolo cálido y moderno de la política, que si lo hace bien, es capaz de poner a soñar y de convencer. 

¿Por qué no pensar que en Colombia podemos estar a las puertas de una ‘alianza de confianza’ para que todo el país crea, en particular la clase media y los jóvenes, que el futuro se hace con ellos y para su beneficio? Y el modelo lo tiene que liderar alguien con credibilidad e inteligencia, pero no con aire predestinado, sin vicios ni mañas, transparente en su vida personal y pública. Un colombiano que como la inmensa mayoría madruga a trabajar, sufre los problemas de inseguridad, le duele el maltrato infantil y el de las mujeres, está en contra de la depredación de la naturaleza y cree en el cambio climático. Y en economía no quiera más de lo mismo de hace 30 o 40 años, sino que se la juegue por un nuevo modelo en el cual la innovación, que resulta de la combinación de tecnología y talento, permita elevar la productividad y competitividad de la que tanto nos quejamos los mayores más para obtener prebendas del gobierno de turno, con el cuento de generación de empleo.

Luego de hacer una revisión de los aspirantes a suceder a Santos, sinceramente creo que solo hay una persona de esa Colombia moderna y joven que llena las cualidades descritas: el senador Iván Duque Márquez, calificado como el mejor senador en el 2016, y que sorprende por su formación académica, claridad conceptual y es un verdadero ejemplo de renovación, de trabajo y responsabilidad.

Si Colombia quiere dejar la mediocridad de tasas de crecimiento económico de 2 por ciento, bajar la pobreza de un dramático 28 por ciento, recuperar la dignidad del campesino y el agricultor y que la industria se modernice, el modelo económico y social debe sufrir una profunda reinvención. Y Duque tiene las ideas más próximas a ese objetivo que, sin duda, se necesita con urgencia.

Iván Duque es un abanderado de la llamada ‘economía naranja’. Buena parte del futuro de la riqueza está en el desarrollo de las industrias creativas, que estimulan el conocimiento, la creatividad y el emprendimiento. Una forma concreta de reinventar la economía. 

Una agenda joven para Colombia y no para satisfacer las apetencias de unos pocos, sí pondría a soñar a todos.

 

http://www.portafolio.co/opinion/mario-hernandez-zambrano/mario-hernandez-ivan-duque-511778

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Colombia tiene nombre de mujer

El éxito de la mujer colombiana es el éxito de nuestro país, el éxito de la mujer colombiana es también el éxito de nuestro desarrollo y ese es un compromiso que todos debemos asumir. Por: Iván Duque Márquez, El Colombiano, 19 de noviembre de 2017.

Una de las características más importantes de nuestro país es que Colombia tiene nombre de mujer. Somos un país donde la mujer es una fuerza importante. Es parte neurálgica de la economía creativa, la ciencia y la tecnología. Representa el centro de la familia, la entrega por los hijos, la laboriosidad continua en el trabajo y el hogar y la defensa permanente de nuestros valores.

La mujer es el núcleo de la familia y la familia el núcleo de la sociedad, por eso es tan importante entender que vencer la discriminación que existe en muchos frentes contra la mujer y luchar contra la violencia que las aqueja es un asunto de todos.

El año pasado las cifras de feminicidio crecieron un 22 por ciento. Por estos casos 122 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. No puede ser posible que en nuestro país, para muchos, el lugar de mayor riesgo sea la familia. La violencia contra las mujeres y contra los niños no puede ser tolerada en el ambiente familiar. No solo porque está mal cualquier forma de violencia doméstica, sino porque además erosiona la sociedad.

No es posible que el 41 por ciento de los casos de violencia sexual correspondan a niñas de entre 10 y 14 años. Según el DANE, cada día nacen 15 bebés de mujeres de entre 10 y 14 años. Esto es aberrante.

También es preocupante que en materia de participación política Colombia ocupe el puesto 67 entre los 142 países del mundo con mayor inequidad de género por la baja participación de las mujeres en política. Del total de los concejales en Colombia solo el 14 por ciento son mujeres. En las asambleas, solo el 17 por ciento, en alcaldías el 10 por ciento, el 9 por ciento en gobernaciones y el 21 por ciento en el Congreso.

Yo sueño un país donde podamos enfrentar estas desigualdades y problemáticas que afectan a la mujer y a la familia. Sueño un país donde las mujeres tengan una remuneración equitativa frente a los hombres, donde tengan la posibilidad de ascender profesionalmente, donde haya más casos de éxito de dirección empresarial al frente de la mujer, donde tengamos más mujeres en las juntas directivas de las empresas y más mujeres en el Congreso. Debemos tener un mecanismo donde la mujer pueda progresar sin sentirse jamás discriminadada y muchos menos violentada.

¿Qué podemos hacer para enfrentar estos retos? Necesitamos mecanismos de protección efectivos para las mujeres victimas de violencia. Debemos tener cero tolerancia con la violencia doméstica, acompañar a sus víctimas y prevenir con campañas y jornadas en colegios y comunidades. Debemos recupera cátedras de cívica y urbanidad para fortalecer valores y crear  escuelas de padres para forjar un mejor entorno en el hogar. 

También debemos poner como prioridad la prevención del embarazo adolescente con campañas, educación sexual y reproductiva, y el acompañamiento de la familia y, por su puesto, instaurar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Debemos buscar oportunidades laborales para las mujeres con medidas para corregir situaciones de discriminación y sancionar su persistencia.

El éxito de la mujer colombiana es el éxito de nuestro país, el éxito de la mujer colombiana es también el éxito de nuestro desarrollo y ese es un compromiso que todos debemos asumir.

 

 

 http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/ivan-duque-firma-pacto-para-buscar-participacion-politica-de-las-mujeres-y-superar-la

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El camino ambiental

Colombia necesita una agenda ambiental que genere confianza en la población y permita la armoniosa convivencia de distintas formas de producción.

Colombia necesita una verdadera agenda ambiental que genere confianza en la población y permita la armoniosa convivencia de distintas formas de producción. La premisa debe ser, entonces: producir conservando y conservar produciendo. Bajo este enfoque, la agenda ambiental no es un costo ni un pasivo, sino uno de los más importantes activos para nuestra sociedad.

Si obramos consecuentemente, la agenda ambiental debe empezar por generar armonía entre la mitigación y adaptación al cambio climático con la agricultura y la ganadería. Esta agenda incluye procesos de reconversión ganadera a sistemas sostenibles de pasturas mejoradas y la posibilidad de ganar productividad en espacios más reducidos y esquemas de rotación. De igual manera, estimular más eficiencias en el uso del agua para la agricultura, promoviendo, entre otras, las modernas técnicas de precisión. 

En cuanto al enfoque urbano, es necesario que profundicemos las agendas de utilización de energías renovables en el consumo final del parque automotor, mediante más vehículos eléctricos privados y públicos, en adición al crecimiento de las redes de transporte masivo y la ampliación de ciclo rutas. 

De igual manera, Colombia está urgida de tener una reforma seria al sistema nacional ambiental, para que las instituciones tengan mayor impacto. Ahí es necesario incrementar la coordinación entre entidades y mejorar el presupuesto sectorial, que apenas representa el 1,2 por ciento del presupuesto sin deuda. Así mismo, es necesario que las corporaciones autónomas sean totalmente despolitizadas y tengan verdaderas herramientas administrativas para ejercer el control y la supervisión ambiental 
Nuestro país está también en deuda con el sistema forestal. La deforestación sigue causando estragos y el crecimiento de los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la falta de planificación en la expansión de la frontera agrícola están siendo los principales causantes del problema. Necesitamos tener una estrategia que nos permita cerrar la frontera y estimular la reforestación comercial, bajo el entendido de que una hectárea de bosque comercial plantado equivale en producción a 20 hectáreas de bosque natural.

Pensando en un futuro para la sostenibilidad es imperioso saber aprovechar la biodiversidad, estimulando la biogenética, la oleoquímica y la aplicación comercial de nuestra riqueza natural, sin afectar la vida de las especies en asocio con sectores de cosméticos y medicina aplicada.

Esta visión integral debe ir asociada con el uso adecuado del agua, para lo cual se requiere transparencia en el diseño y ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial. La consecuencia de este camino es que la expansión de los centros urbanos no afecte las fuentes de agua y permita una genuina planificación municipal, sin la ingerencia de contratistas.

Colombia está urgida de ver esta agenda florecer, con una gran campaña de educación ambiental que empiece desde edad temprana y nos permita reducir la huella individual de carbono, además de tener una cultura generalizada de reciclar, reutilizar y reducir. Pensar en el medioambiente es fundamental para tener una visión de país, donde la producción nacional vaya de la mano con el respeto y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.

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¿Verdad o Posverdad?

En el contexto de la verdad histórica del país es pertinente reconocer que no existe ideología alguna que justifique masacres, secuestros, extorsiones, narcotráfico, reclutamiento de menores.

El gobierno le ha anunciado al mundo la comisión de la verdad “que tendrá la responsabilidad de reconstruir la verdad histórica del conflicto armado en Colombia”. Esa comisión está integrada por personas con claras y definidas orientaciones ideológicas, cuando la reconstrucción de la historia debe partir de la imparcialidad, del contexto legal, jurídico e institucional de Colombia, para efectos de no convertir la historia en una herramienta para justificar conductas reprochables a la luz del derecho, la ética y la moral.

En el contexto de la verdad histórica del país es pertinente reconocer que no existe ideología alguna que justifique masacres, secuestros, extorsiones, narcotráfico, reclutamiento de menores.

Bajo ninguna circunstancia se puede justificar “la rebelión” como si por la violencia un país democrático pudiera permitir la oposición a la vida, honra y bienes de los ciudadanos con la idea de ser luchadores sociales. Si se llegara a aceptar que el camino de las armas es una forma de hacer política, sencillamente estaríamos relativizando la ley y la moral.

Nadie desconoce que Colombia ha tenido desigualdades, que ha padecido el clientelismo y la politiquería y que ha sufrido los embates de la corrupción, pero ello jamás justificará la violencia. Nuestro país debe derrotar esos fenómenos en democracia, en las urnas, pero bajo ningún pretexto justificando ninguna actitud que vaya en contra del ser humano, de la vida, de la dignidad.

Que se han presentado abusos por parte de algunos miembros de las fuerzas armadas y han deshonrado el uniforme, merece sanciones sin dobleces. Pero no se puede homologar a las fuerzas armadas con el terrorismo, porque han sido las fuerzas de la legalidad y la Constitución. Las Farc han sido un grupo narcoterrorista antes que un actor político.

La comisión de la verdad no puede prestarse para hacer una reconstrucción de la historia reivindicando, justificando o suavizando el papel de los grupos armados ilegales. Una comisión de la verdad debe partir por reconocer sin dobleces quiénes han estado por fuera de la ley.

El riesgo que existe es que las tendencias ideológicas conviertan a esa comisión en una comisión de la posverdad, que busque atenuar la larga carrera de violencia en cabeza de los grupos armados ilegales. No existe diferencia entre un asesinato cometido por un paramilitar o un guerrillero. Los dos a la luz objetiva del derecho son igual de repudiables. Ninguna ideología podrá justificar su carrera criminal. Llama la atención que en la vida intelectual de quienes van a conformar la comisión de la verdad ha habido una forma para minimizar, atenuar o inclusive tratar de justificar “la lucha armada”.

Los colombianos merecemos que nuestra historia sea reconstruida con objetividad y sin la incidencia de ideologías. Poca credibilidad tendrá una comisión en la cual no han participado otros sectores del país y se ha preferido un sesgo ideológico.

Debe crearse una comisión paralela, de académicos, con el liderazgo de alguna universidad para no dejar que nuestra historia se escriba en función de las pretensiones de las Farc sino que nuestra historia permita dejar en claro que no existe ninguna forma de violencia que se pueda justificar. La verdadera paz debe surgir de un triunfo de la legalidad sobre los criminales y no darles a los criminales la posibilidad de configurar su propia verdad. El camino de manipular la realidad o de matizarla o de simplemente reorientarla nos conduce a la posverdad y la posverdad no es más que una forma sofisticada de llamar a la mentira.

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¿Constitucionalismo bipolar?

La Corte es clara. Es necesario resolver las condenas penales pendientes antes de participar en política.

Hace unos años, en la Sentencia C-577 del 2014, la Corte Constitucional expresó su postura frente a la participación política de miembros de grupos armados ilegales, condenados y sindicados por crímenes graves y de lesa humanidad. Según el alto tribunal, “la posibilidad de participación política se entiende acorde con el ordenamiento constitucional, en tanto quien entre a formar parte de la comunidad política haya saldado su deuda con la sociedad”.

La propia Corte indica que para alcanzar el objetivo de la justicia transicional, en armonía con el artículo transitorio 66 de la Constitución “es indispensable que quienes aspiren a participar en política hayan cumplido con todas las obligaciones consideradas axiales a la efectiva reincorporación de los miembros de grupos armados que hacían parte del conflicto a saber: (i) no tener condenas penales pendientes, (ii) la dejación de las armas, (iii) el reconocimiento de responsabilidad, (iv) la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas, (v) la liberación de los secuestrados y (vi) la desvinculación de los menores de edad reclutados que se encontraran en poder del grupo armado que se desmoviliza”.

La Corte no puede ser más clara. Es necesario resolver las condenas penales pendientes antes de participar en política. La misma providencia dice: “el cumplimiento eminentemente formal, o un incumplimiento en términos sustantivos, de la obligación de sancionar dichas violaciones de derechos humanos afectarían el derecho a la justicia que tienen las víctimas del conflicto armado y que la Corte encontró garantizado por el artículo transitorio 66 de la Constitución en los términos de la Sentencia C-579 de 2013”.

Estas posturas diáfanas de la Corte están ante un dilema por las concesiones que se le han brindado a las Farc. ¿Está dispuesto este Tribunal a hacer valer sus propias decisiones y exigir el cumplimiento de las penas antes de gozar de la elegibilidad política? O ¿Adecuará sus decisiones y providencias para permitirle a ‘Timochenko’ y a los demás cabecillas que lleguen al Congreso sin presentarse a la justicia?

Si la Corte obra con independencia está en la obligación de proteger los derechos de las víctimas y exigir que los cabecillas de las Farc se presenten a la justicia, brinden la verdad, contribuyan a la reparación material, penal y económica y cumplan con sus penas, antes de adelantar cualquier aspiración a cargos de elección popular. Una decisión contraria sería un monumento a la impunidad y la manipulación de la jurisprudencia en función de las presiones del crimen.

Colombia entiende la importancia de la desmovilización, desarme y reinserción como mecanismos para construir un ambiente que nos libere de violencia. Pero permitir que los máximos responsables de crímenes atroces no tengan penas efectivas y proporcionales, y puedan ejercer cargos de elección popular sin haber saldado su deuda con la sociedad, es una violación flagrante del Estatuto de Roma, una humillación a las víctimas y caldo de cultivo para nuevas formas de violencia. 

La Corte Constitucional debe obrar con congruencia y coherencia para que los colombianos verdaderamente sintamos que nuestras vidas, honra y bienes están por encima de las Farc.

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El Resurgir de Barrancabermeja

En Barrancabermeja encontré que hay familias enteras que han perdido su patrimonio y existe ambiente de desilusión en la ciudad, el Gobierno Santos le falló a todos sus habitantes.

Barrancabermeja ha sido por excelencia la sede de la industria petrolera en Colombia. Desde hace décadas es una ciudad donde conviven exploración, perforación y refinación de crudo, hasta el punto de que el aporte de la industria petrolera a la economía local es del 70 %. Esta realidad la expone de manera permanente a los choques de precio que afectan a uno de los productos más importantes en la economía mundial.

Por esa relevancia existe en el panorama de Barrancabermeja desde hace años la obra de modernización de la refinería, que el presidente Santos prometió en campaña augurando gran inyección de capital, mayor actividad económica y mayor crecimiento. Han pasado 7 años de su administración y la modernización nunca se dio. El no dimensionado costo de Reficar, sumado a la situación de precios internacionales y las complejidades sectoriales, conspiraron contra la posibilidad de la obra sin que se diera explicación alguna y menos un plan de reacción por parte del gobierno. Las expectativas que creó en la comunidad trajeron consigo que muchas empresas y personas hicieran grandes inversiones esperando la llegada de la infraestructura prometida.

Hoy la economía se encuentra deprimida, el desempleo crece (llega al 23 %) y se agudiza aún más en la juventud. El nivel de pobreza pasó de 20,5% en el censo 2005, al 25,6% en la encuesta de hogares de 2013 y la Cámara de Comercio la proyectó en 44 % para 2015. Familias enteras han perdido su patrimonio y existe un ambiente de desilusión y desesperanza en muchos ciudadanos. Quizás sea una mera coincidencia, pero no deja de ser escalofriante que en lo que va corrido del año se hayan presentado 25 casos de suicidio con una edad promedio de 36 años, y los intentos de suicidio se sigan incrementando. Estas realidades sociales y familiares tienen sumida a la ciudad en una depresión económica que necesita ser intervenida de manera estructural.

Barrancabermeja necesita una agenda de desarrollo integral que reconozca la importancia del petróleo, pero que abra oportunidades para el desarrollo agroindustrial, para casos como la oleoquímica, donde la producción de palma africana pueda orientarse, no solamente hacia el desarrollo de biocombustibles, sino también en materia de alimentos y cosmética. Es urgente que la producción de caucho pueda integrarse en clústeres donde haya diseño, innovación y valor agregado, y que el patrimonio natural de la región amplíe las ventajas para el turismo, el ecoturismo, el turismo vivencial y de aventura.

Barrancabermeja debe apostarle también a ser declarada como distrito logístico y energético, creando estímulos para que en esa región se puedan instalar empresas que le apuesten a los sectores de energías renovables, incluida la construcción de estructuras foto-voltaicas, y que la logística permita hacer esa integración oportuna y necesaria del sur y centro del país con nuestra costa norte. Esta agenda requiere también una lucha frontal contra la corrupción, la renovación de su clase dirigente y el fortalecimiento de los centros educativos universitarios con un enfoque pertinente en la ciencia y la innovación.

Las sociedades siempre están aprueba en su resiliencia cuando enfrentan crisis. Hoy Barrancabermeja como gran patrimonio de los colombianos tiene la oportunidad de transformarse para el futuro. Hacerlo nos debe involucrar a todos, porque en su territorio existe la posibilidad de darle un vuelco productivo a sectores que serán determinantes para nuestro futuro.

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La Gran FARCsa

Las Farc pasaron de la criminalidad a la política con el partido mejor financiado por el Estado, con 10 curules seleccionadas a dedo.

La verdad siempre sale a flote. Esta semana, el Consejo Nacional Electoral concedió la personería jurídica al partido político Farc y cabecillas de esa organización como los alias ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’, ‘Carlos Antonio Lozada’ serán candidatos a la presidencia y el Congreso, sin siquiera haberse presentado a la justicia y haber pagado por sus crímenes, como tantas veces lo negaron los miembros del gobierno Santos. 

Las Farc pasaron de la criminalidad a la política con el partido mejor financiado por el Estado, con 10 curules seleccionadas a dedo y sin tener que sacar un solo voto, con emisoras para difundir su ‘ideología’, con presencia en una comisión de seguimiento legislativo, etc. Lo más grave es que todos estos beneficios y concesiones llegan sin haber entregado la totalidad de sus recursos para reparar a las víctimas, sin haber entregado toda la información de los cientos de secuestrados reclamados por la Asociación de Víctimas de las Farc, sin dar claridad sobre la entrega de los niños reclutados ilegalmente, sin haber terminado el programa de desminados y sin haber brindado la información sobre sus rutas y socios en el narcotráfico. 

Hoy, las Farc salen envalentonadas a desafiar un país, utilizando las mismas siglas del terrorismo para bautizar su partido y además siguen presionando la imposición de su agenda en el Congreso, valiéndose del poder de la mermelada para edificar sus caprichos como letra constitucional. Logran que el ‘paramilitarismo’ sea declarado ilegal, como si alguna vez hubiera sido legal, mientras en la otra mano buscan el reconocimiento de la ‘rebelión’ como una especie de derecho al servicio de los irredentos. 

Mientras todo esto se conquista por las Farc, las ‘disidencias’ siguen haciendo de las suyas, controlando territorios cocaleros y de minería ilegal, haciéndole creer al país que se trata de muchachos díscolos. ¿Acaso no negociaron las Farc a través de sus cabecillas, como una organización monolítica? 

El ambiente es aún más turbio cuando se discute en el Congreso la reglamentación de la JEP, la cual deja claro que se puede ser elegible con crímenes de lesa humanidad a cuestas y que ninguna sanción de la JEP afecta el ejercicio de los cargos de elección popular. Como si fuera de poca monta la burla, el cumplimiento de los castigos “transicionales” se aplican como jornadas de trabajo por horas.

Es aberrante que un país vea su Constitución manoseada, sus instituciones debilitadas, sus leyes acomodadas por cuenta de los clamores de impunidad de los peores criminales de nuestra historia. ¿Dónde está la dignidad nacional? ¿Dónde está la defensa de la legalidad? ¿Dónde están los límites a las aspiraciones de la delincuencia? 

Cuando una valla con la frase ‘Timochenko Presidente’ fue puesta en la ciudad de Santa Marta en medio de la campaña por el Plebiscito, no cesaron las voces que manifestaron que se trataba de una exageración para engañar a los electores. Hoy, es una realidad posible, gracias al entreguismo institucional promovido desde la Casa de Nariño. 

Las Farc pretenden burlarse de las víctimas y de todo un país. Nuestro deber está en derrotarlos en las urnas y hacer valer la legalidad, defendiendo el mandato popular del 2 de octubre de 2016. 

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El Último Patriarca

Como dirigente gremial, Fabio Echeverri Correa fue el más aguerrido defensor de la industria y producción nacional.

Según algunos historiadores, los patriarcas en la vida pública son seres que dejan huellas indelebles en la sociedad porque sus acciones, logros y legado deben ser transmitidos de generación en generación. Fabio Echeverri Correa fue uno de esos patriarcas irrepetibles de nuestra historia, que se ha despedido para que su legado, sus obras y resultados sirvan de inspiración, reflexión y examen, porque en todas las actividades que emprendió dejó un sello singular. 

Fabio Echeverri fue la encarnación de los valores antioqueños de la laboriosidad, obsesión por el campo, el emprendimiento, la franqueza y amor por la amistad. Durante su trasegar se caracterizó por contar con una combinación magistral del rigor y el humor, el trabajo y el gusto por la fiesta, la gerencia agropecuaria y la excelencia en la gestión empresarial, la práctica y el humanismo, la calle y los libros. Esa combinación deseable fue la clave de su éxito y el encanto de su personalidad. 

El doctor Fabio, como siempre se le decía, fue un estudiante educado en Medellín, Bogotá y en una de las más prestigiosas academias militares de Estados Unidos. Heredó de su padre, el exministro estrella de Alberto Lleras y parlamentario aplaudido, Luis Guillermo Echeverri Abad, el gusto por la política, la ganadería, la agricultura, la oratoria y la economía, título que obtuvo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y al cual dedicó su vida profesional.

A temprana edad fue banquero, luego gerente de empresas varias de Medellín, residente de siderúrgicas, líder del sector ganadero antioqueño, senador de la República, asesor empresarial y, por supuesto, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), cargo que ejerció por casi dos décadas, para luego ser el presidente de la Clínica Shaio y el arquitecto del movimiento Primero Colombia que, con su gerencia, llevó a Álvaro Uribe Vélez a ganar la Presidencia en primera vuelta en dos ocasiones. 

En todas sus labores fue ejemplar, pero sus dos legados más importantes están en la Andi y en el Gobierno de Álvaro Uribe, donde obró como su más cercano asesor y confidente. Como dirigente gremial fue el más aguerrido defensor de la industria y la producción nacional, presentando constantemente proyectos e ideas para reformar leyes en beneficio del feliz matrimonio de empleadores y empleados y ejerciendo una especie de escrutinio y evaluación crítica a la gestión de los gobernantes en materia social y económica. 

También desde la Andi, además de ser un polo a tierra de los gobernantes, se paró con la frente en alto para denunciar a las mafias del narcotráfico y los peligros de los actores armados como la guerrilla y el paramilitarismo cuando se veían sus sangrientos actos y luego su amenazante consolidación. Fabio los enfrentó públicamente y jamás se les amainó, por el contrario, fue tal su capacidad de denuncia que, gracias a sus planteamientos, se lograron significativos cambios de actitud por parte del Estado, que le merecieron amenazas. Su paso por la Andi marcó huella, y casi que la historia de esa organización está dividida en el antes y después de Fabio Echeverri.

Desde el Gobierno Uribe sirvió con esmero al país, con una posición discreta y, al mismo tiempo, siendo el gran orientador de una obra de gobierno caracterizada por alcanzar resultados. Su influencia le permitió a Colombia reformar el sector de hidrocarburos y el de comunicaciones, mientras ejercía como el evaluador de la gestión de un gabinete. 

Nunca aceptó Ministerios ni mucho menos la Vicepresidencia cuando le fueron ofrecidas. Aunque no lo dijera, su personalidad no aceptaba jerarquías y su mayor fortaleza era la independencia para decir lo que pensaba y hacer lo que le dictara su conciencia, sin sujetarse a formalismos o hipocresías. 

Fue el hombre más influyente y, quizás, más cercano a Álvaro Uribe durante su gobierno, y su discreción y desapego por los honores públicos lo llevó a ejercer sus funciones sin cargo ni remuneración para luego retirarse a su finca a opinar y asesorar con libertad, sin horarios ni ataduras.

Fabio fue la encarnación del carácter. Su vida fue alegre y plena, con la satisfacción de haberlo dado todo como amigo, padre, abuelo, esposo y miembro de familia. Su partida deja un vacío porque personas como él son escasas. 

Dios lo tenga en su gloria. Su legado nos seguirá inspirando.

Iván Duque Márquez 
Senador 

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COCA Nostra

Lo curioso es que en medio de estas graves situaciones, el gobierno quiere tramitar por la vía del fast track dos proyectos que terminan premiando al narcotráfico y favoreciendo la expansión de los cultivos ilícitos. Por: Iván Duque Márquez, El Colombiano 29 de octubre de 2017.

Mientras el gobierno sigue hablando de la “exitosa” Paz, las FARC permanecen sin entregar la información de su larga trayectoria de narcotráfico. No han contado cuáles eran las rutas que operaban, quiénes eran sus socios en México, Venezuela y Brasil, quiénes eran sus aliados en la cadena logística o de lavado de activos y lo que es aún mas grave, cuándo van a entregar la totalidad de los bienes para reparar a sus víctimas.

Ante esta burla la situación del narcotráfico en el país se sigue agravando. El área sembrada de coca supera los números previos a la implementación del Plan Colombia, crece el número de hombres en armas de las mal llamadas “disidencias” de las FARC, que a su vez controlan gran parte de los cultivos ilícitos en sus zonas de influencia histórica y ahora resulta que alias “El Paisa” desaparece de la supervisión del Estado con sus lugartenientes. 

Lo curioso es que en medio de estas graves situaciones, el gobierno quiere tramitar por la vía del fast track dos proyectos que terminan premiando al narcotráfico y favoreciendo la expansión de los cultivos ilícitos.

Por un lado han presentado un proyecto de “Tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores” donde por la puerta de atrás buscan reformar el artículo 375 del Código Penal, modificando el régimen sancionatorio a quienes participan en la cadena de cultivos ilícitos.

Dentro del proyecto pretenden que quienes siembren de coca hasta 5 canchas de fútbol como la del Estadio Atanasio Girardot, eviten la sanción penal del Estado bajo la premisa de considerarlo cultivos de subsistencia.

Claramente lo que hay detrás de todo esto constituye un favorecimiento al famoso “pitufeo” que consiste en la sumatoria estratégica de pequeños cultivadores para insertarlos en la cadena de abastecimiento a los laboratorios y centros de procesamiento.

Como si todo esto no fuera suficiente para constituir un escándalo nacional, el gobierno también pretende presentar por fast track un proyecto que reforma la Ley 160 de 1994, relacionada con el régimen de tierras estableciendo que las personas que a la fecha de adopción de la ley ocupen bienes incluidos por las FARC en el inventario de bienes entregado al Estado tendrán derecho a recibir una compensación con un predio de características semejantes o con dinero perteneciente al Fondo de Gestión de Tierras Despojadas.

En el caso de este proyecto, no queda duda que se está indemnizando la condición de testaferro de bienes de las FARC, como si esa organización pudiera tener algún bien de carácter lícito que permitió su ocupación “bondadosa” para los menos favorecidos.

Lo que está ocurriendo en Colombia es muy grave. Crecen las “disidencias”, el área sembrada de coca, los asesinatos de líderes sociales en las zonas de influencia histórica de las FARC, se debilita el proceso de desarme y reinserción como lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo y el gobierno pretende seguir agravando el problema premiando los cultivos ilícitos.

Los Colombianos no podemos dejar que estas normas prosperen. Nuestro desafío es enfrentar las drogas con prevención desde la familia y el colegio, aplicar sustitución y erradicación obligatoria, desmontar que el narcotráfico sea un delito conexo al delito político, desmantelar laboratorios, acelerar la extinción de dominio y la destrucción de cadenas de lavado de activos, fortalecer la interdicción, encarcelar a los jíbaros, penalizar sin criminalizar el consumo y atender integralmente a los adictos. Esa es la agenda que nos permitirá construir la paz como expresión de la seguridad y la justicia y no como la claudicación ante el delito.

 

 

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